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Deudores de reparaciones civiles no podrán ser candidatos o postular en elecciones


El Congreso de la República publicó la ley que crea el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles (Redereci). La norma dispone que quienes adeudan al Estado o a particulares, tras una sentencia, no podrán ejercer cargos públicos ni participar como candidatos en las elecciones.

 



¿Qué es el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles (Redereci)? ¿Quiénes ingresan al registro de deudores?

La Ley Nº 3035, publicada en el Boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, señala que en este registro serán inscritos los deudores de reparaciones civiles por delitos dolosos y estará a cargo del Poder Judicial.

Precisa que en este registro se inscribirá la información actualizada de quienes incumplan con cancelar el íntegro de las reparaciones civiles a favor de individuos y el Estado, dictadas en sentencias con calidad de cosa juzgada

Previamente, los deudores serán requeridos por el órganos competente para que efectúen el pago de las reparaciones civiles, a través de oficio o instancia de parte, en el plazo de diez días hábiles. De no cancelar los requerimientos, inmediatamente será inscrito en el registro.

Además el Poder Judicial debe remitir mensualmente a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones un listado actualizado de los deudores de reparaciones civiles, a fin de que, bajo responsabilidad, sean registrados en la central de riesgo de dicha institución.

Inscritos en el Redereci no podrán NO PODRÁN ejercer cargo público o POSTULAR EN ELECCIONES

La norma establece, además, que las personas inscritas en el registro no podrán ejercer función pública, cargos y empleo en el aparato público, y estarán impedidos de contratar con el Estado. Si ya tienen vínculos con el Estado, están obligados a cumplir con el adeudo.

De igual forma estarán impedidos a postular y acceder a cargos públicos de elecciones popular.

El Registro de Deudores de Reparaciones Civiles (Redereci) impedirá que los sentenciados por terrorismo y corrupción, así como los deudores de pensión alimenticia, postulen a cargos de elección popular hasta que cumplan su obligación. Todos ellos estarán prohibidos de ejercer función, cargo, empleo, contrato o comisión de cargo público, así como postular y acceder a cargos de elección popular, en función de la norma.

¿Cómo salir del Redereci?

Cancelar una inscripción del registro solo será posible tras el pago de la totalidad de la reparación civil impuesta por el Poder Judicial. Se hará a solicitud del interesado, siempre y cuando este acompañado de un documento que acredite el pago.

¿Cómo deberán pagar sus deudas?

Una vez que entre en vigencia la norma, los deudores que ostenten cargos públicos, laboren en el sector público o tengan vínculos contra actuales con el Estado tendrán que firmar, deberán firmar un convenio, en un plazo de 15 días, para autorizar el descuento de la deuda.

Si el servidor público no cumple con ese procedimiento, la oficina de personal de la entidad para la que labora informará al procurador público para que éste solicite al juez el requerimiento de pago de la reparación civil que adeuda, ya sea al Estado o a un particular.

Si persiste el incumplimiento durante un plazo que no debe exceder los 15 días, la institución pública descuenta un porcentaje de su remuneración para el pago progresivo de la deuda. El porcentaje será establecido en el reglamento de la norma.

Deudores pensionistas

La norma establece también que los beneficiarios de una pensión del sector público o privado también estarán obligados a pagar las reparaciones civiles que adeudan.

Con ese fin, el Sistema Nacional de Pensiones, el Sistema Privado de Pensiones y la Caja de Pensión Militar Policial deberán retener hasta la tercera parte del exceso embargable de las pensiones, en función de la Código Procesal Civil.

Postores del Estado

La norma establece, asimismo, que el adeudo de reparaciones civiles será un impedimento para participar como postor o contratista del sector público, sea a título personal o como persona jurídica en la que sea accionista, bajo cualquier régimen legal de contratación.

Será también un impedimento para ejercer función pública, cargo de empleado, contrato o comisión de cargo público, así como postular y acceder a cargos de elección popular.
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